La Ley de Seguridad Poblacional (denominada comúnmente, “tasa de seguridad”), se inspira en el plan de ciudad segura que el municipio de Puerto Cortés venía implementando desde el 2006. Básicamente el principio es el mismo: un mecanismo impositivo para generar recursos para prevenir y combatir la delincuencia en una administración pública escasa de ingresos. Sin embargo, a nivel local, se busca desarrollar toda una gobernabilidad, mientras que a nivel central, las decisiones son tomadas por un círculo cerrado de decisores; sin ninguna participación ciudadana en la identificación de necesidades y control de los recursos.