El informe tiene como objetivo general, analizar los elementos políticos, jurídicos e institucionales requeridos para desarrollar un proceso de selección y contratación de docentes, regido no solo por reglas formales, sino complementado con principios como transparencia, equidad y meritocracia, que permita prevenir o reducir la discrecionalidad, abusos de poder, incertidumbre y generar confianza en los procesos y en la ciudadanía