El presente informe se ha realizado a fin de conocer la asignación, así como la efectividad del gasto público con relación a la protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de Justicia. No obstante, se evidencia el desbalance que existe entre el discurso y lo que se ejecuta de manera concreta. No se logra identificar, dentro del Presupuesto General de la República, líneas de gasto relacionadas al tema, tampoco sanciones que serán aplicadas hacia aquellas instituciones que reciben fondos públicos que participen de agresiones a defensores de Derechos Humanos