En los últimos años, sobre todo a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, los actores internacionales y nacionales promotores y ejecutores de este modelo han logrado que se aprueben paquetes legislativos que legalizan el extractivismo, aprovechando la enorme debilidad institucional y la presencia de funcionarios públicos proclives al soborno
y al chantaje.