Desde la declaratoria del estado de excepción en Honduras para combatir la extorsión, han transcurrido 532 días con escasos resultados y denuncias de violaciones a los derechos humanos.

El estado de excepción ha suspendido garantías constitucionales en el 75% del territorio hondureño, a pesar de que la Constitución establece un máximo de 45 días para esta medida.

Aunque el objetivo era reducir la extorsión, más de 280 mil hogares hondureños son víctimas de este delito y apenas uno de cada 10 casos recibe una condena. Organismos internacionales como la OACNUDH, el Comité contra la Tortura y la CIDH han expresado su preocupación por la extensión del estado de excepción, señalando que solo uno de los 12 decretos cumplió con los requisitos constitucionales.