Hace un año, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro heredó una situación de seguridad y justicia alarmante. La tasa de homicidios había ido mejorando desde 2012, cuando Honduras llegó a ser considerado el país más violento del mundo. Sin embargo, a partir de 2017 ese desarrollo se había estancado y la sociedad civil venía cuestionando el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública interna y la concentración de poder del controvertido gobierno de Juan Orlando Hernández