La corrupción en Honduras continúa siendo un flagelo que contribuye a los problemas más grandes del país: la falta de medicinas en los hospitales, las aulas de clase deterioradas y el creciente número de hondureños que viven en la pobreza. En los últimos años, la población ha expresado su repudio ante tantos escándalos de corrupción que saquean las arcas del Estado. En 2015 surgió el movimiento ciudadano «marchas de las antorchas”, con un objetivo común: saciar su necesidad de justicia social ante tanta corrupción e impunidad. El año 2022, con la llegada a la Presidencia de la República de la Sra. Iris Xiomara Castro de Zelaya, se prometía un cambio a la situación del país. Durante su primer año de gobierno se logró la eliminación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, mejor conocida como Ley de Secretos, y un proceso participativo de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, también se cuestionaron algunos aspectos como la aprobación de la Ley para la reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan, mejor conocida como Ley de Amnistía Política, considerada por muchos sectores en el país como un pacto de impunidad, ya que benefició a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya involucrados en actos de corrupción. Así mismo, han continuado malas prácticas como: el proceso de selección del Procurador General de la República sin cumplir requisitos constitucionales ni un procedimiento de selección transparente, competitivo y basado en méritos; el manejo y administración de fondos por diputados.