La desigualdad e inequidad entre mujeres y hombres en las diferentes esferas de desarrollo humano han perseverado durante siglos. Las mujeres en toda su diversidad y las personas LGBTIQ+ se han enfrentado a las mayores desventajas y limitaciones. Las oportunidades de educación, decisión y oportunidades laborales no son las mismas que las de los hombres. En el caso de las mujeres, dado su rol tradicional de principales responsables de las actividades del hogar, están expuestas a la realización de dobles o triples jornadas (laborales, domésticas) que las privan de tiempo para lograr la ampliación de sus oportunidades (Tremblay & Avilés, 2018). En su mayoría, se ven limitadas al acceso y control de recursos para su progreso. En tanto, las personas LGBTIQ+, se enfrentan continuamente a relaciones de poder que perpetúan su exclusión y la subordinación de las(os) mismos, viviendo situaciones discriminatorias tanto a nivel laboral, educativo, profesional y de acceso a la justicia (Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGBTI -SOMOS CDC-, 2021). Según el Informe Diagnóstico sobre Barreras para la Investigación y Judicialización de Casos de Víctimas Población LGBTI (2021), por disposición constitucional, estas personas carecen de algunos derechos que el resto de la población posee. En particular, se pueden mencionar los artículos 112 y 116 de la Constitución de la República, reformados desde el 28 de octubre de 2004 y ratificados en marzo del 2005, que aluden a los derechos al matrimonio, el derecho a la familia, así como la libertad de poder conformarla