A raíz del estallido de la emergencia sanitaria por covid-19 y sus devastadoras consecuencias, 2020 ha resultado ser uno de los peores años de la historia reciente. Este turbulento año ha demostrado que la covid-19 es más que una crisis sanitaria y económica. La corrupción socava la posibilidad de una respuesta global justa y equitativa y sus insidiosas consecuencias han causado un número incalculable de víctimas mortales. Las actuaciones de emergencia en respuesta a la covid-19 han revelado profundas grietas tanto en los sistemas sanitarios como en las instituciones democráticas, poniendo de relieve que, en multitud de casos, las personas que están en el poder o controlan las finanzas del Estado sirven a sus propios intereses en lugar de los de las personas más vulnerables. La mayoría de los países evaluados en 2020 no ha registrado ningún avance en la lucha contra la corrupción y más de dos tercios puntúan por debajo de 50. Por otro lado, los países que obtienen buenos resultados en el IPC invierten más en atención médica, están en mejores condiciones de brindar cobertura universal de salud y tienen menos probabilidades de violar las normas e instituciones democráticas o el estado de derecho