En esta edición del IPC, se pone un énfasis particular en la relación entre la corrupción y el deterioro del sistema de justicia.
Se reconoce que la corrupción y el Estado de derecho están intrínsecamente vinculados: cuando la justicia puede ser influenciada por motivos políticos o económicos, las leyes dejan de ser aplicadas de manera equitativa, lo que perjudica especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad y afecta el bien común.
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