Desde el primer EPU a Honduras en 2011, la situación de los derechos humanos (ddhh) se ha agravado y la impunidad y la violencia gobiernan, controlan y amenazan a la sociedad1. Este período se ha caracterizado por una creciente militarización; la reducción de los espacios de participación de sociedad civil; la ausencia de diálogos reales y productivos; la falta de eficacia y
efectividad de las instituciones estatales; la implementación de leyes y decretos que restringen ddhh; el control de las instituciones del sector justicia y seguridad por grupos de poder; mayor desprotección de sectores de la población
históricamente vulnerabilizados; mayores niveles de criminalidad e inseguridad; persecución, judicialización y criminalización de las luchas de defensoras y defensores de ddhh; y pobreza extrema; entre otras problemáticas.