Este trabajo hace una revisión de la gestión del Pleno de Magistrados que tomó posesión el 08 de diciembre de 2016, tomando en cuenta la trayectoria institucional del TSC, los incentivos políticos de los nuevos liderazgos y el contexto de crisis recurrente del país. El planteamiento central argumenta que ante los conocidos y mediatizados casos de corrupción que involucran a altos políticos –incluyendo diputados electos- y la crisis institucional que ha producido el conflicto poselectoral, los magistrados del TSC no impulsarán reformas legales ni tampoco se esforzarán en tener resultados que atenten contra los intereses de impunidad de los sectores políticos que los nombraron y los mantienen en sus puestos. En un segundo plano, reconoce las limitaciones en torno a la capacidad del Pleno de Magistrados de impulsar cambios y reformas legales, ya sea por falta de consensos entre ellos mismos, la falta de conocimiento en la materia; así como, la experiencia del liderazgo. A junio de 2018, se observa un Pleno de Magistrados más enfocado en el entorno interno de la organización, impulsando una reestructuración que no ha concluido a la fecha, buscando afianzar clientelas a través de la contratación de personal de manera discrecional y pretendiendo tener el control del nombramiento de los auditores internos. Sin embargo, el entorno externo, lo que se le conoce como el sistema nacional de controles públicos está quedando marginado, sin ningún esfuerzo por introducir nuevas metodologías de auditoría basadas en riesgo, mejorar la selección y calidad de los resultados de las auditorías; así como, reducir sus tiempos a través de auditorías de desempeño o recurrentes en áreas de alto riesgo como es la contratación pública. Tampoco se ha fortalecido el seguimiento a las recomendaciones de auditoría o el trabajo de las unidades de auditoría interna y tampoco ha habido resultados trascendentales en la investigación del enriquecimiento ilícito.