En Honduras, la reforma constitucional del año 2002 estableció un nuevo sistema de rendición de cuentas. Aunque la intención normativa fue el establecimiento de un marco jurídico que fuera eficaz en el combate del crimen y la corrupción,
en la práctica –debido a una serie de factores que se explican más adelante– ha resultado ser un sistema ineficaz y decepcionante.