En el período 2010-2020, el Presupuesto general de la República ha destinado asignaciones presupuestarias importantes para el sistema de seguridad, provocando, con ello, una disminución considerable en los índices de homicidios; en cambio, el aumento de la asignación para el sistema de justicia ha sido mucho menor, por lo que el índice de impunidad ha disminuido mínimamente. La distribución del presupuesto, en consecuencia, ha sido poco equitativa entre las dependencias, limitando el cumplimiento de resultados y no solventando el problema de inseguridad y justicia. Las asignaciones de recursos, en alguno de los casos, están influenciadas por decisiones políticas del Gobierno, por demandas internacionales o por otros factores que evitan una lógica constante en la asignación presupuestaria, perjudicando el objetivo de alcanzar el beneficio social a través de los operadores de justicia y seguridad, y que, en el peor de los casos, causa reducciones que debilitan aún más esta frágil estructura. El análisis del movimiento presupuestario, por lo tanto, es el punto de partida para identificar cómo se desenvuelve el sistema público en el tema de justicia y seguridad