La crisis en el subsector eléctrico hondureño ha drenado las finanzas del Estado durante años, obstaculizando el desarrollo del país. Esta situación ha desviado recursos esenciales que podrían haberse invertido en áreas como salud, educación y seguridad, privando así a la ciudadanía hondureña de beneficios fundamentales.

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional, lleva más de una década exponiendo las irregularidades en los contratos de generación de energía. Estas prácticas no solo benefician a un grupo privilegiado, sino que además perjudican gravemente a la población más vulnerable de Honduras.