El día 5 de febrero del año en curso, el Congreso Nacional de la República inició la discusión y aprobación de una iniciativa encaminada a reformar por adición el artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública, cuya clara intención es limitar las competencias y facultades del Ministerio Público (MP), lo que es una afrenta en contra del Estado de Derecho, una clara transgresión a la Constitución Política de Honduras y podría constituirse en una maniobra para garantizar la impunidad de quienes han cometido delitos en el país.