Para que los Estados de la región puedan garantizar el derecho a la seguridad ciudadana, es imperativo que sus políticas pasen de un enfoque restrictivo basado en la intervención de las fuerzas policiales y militares, y eventualmente del sistema judicial, a un enfoque amplio que incorpore medidas de garantía de otros derechos como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social y el derecho al trabajo, entre otros.