Esta iniciativa de ley busca garantizar que los recursos públicos destinados de utilidad pública y de desarrollo económicos sociales lleguen efectivamente a las comunidades y poblaciones beneficiarias.

El Congreso Nacional, como poder del Estado con potestad normativa y de control político, tiene la facultad constitucional de regular mediante ley los casos en que proceden los subsidios y subvenciones, como instrumentos de utilidad pública y como mecanismos legítimos de desarrollo económico y social.

Sin embargo, desde la creación, evolución y desarrollo de los denominados Fondos Sociales canalizados por el Congreso Nacional, se ha demostrado que la ausencia de una regulación clara, integral y vinculante en materia de subsidios y subvenciones ha propiciado prácticas discrecionales, opacas y contrarias al espíritu constitucional.

Desde su última legislación denominado Decreto Legislativo No. 116-2019, se evidenció las consecuencias negativas de permitir la gestión y ejecución indirecta de fondos públicos sin controles democráticos, reglas claras, sin separación efectiva entre la función legislativa y la función administrativa, y sin un sistema robusto de fiscalización previa, concurrente y posterior, lo que derivó en graves riesgos de corrupción, clientelismo político e impunidad, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.