Desde la declaración de “guerra contra la extorsión” por la presidenta Xiomara Castro hace más de dos años, el estado de excepción en Honduras se ha convertido en una medida permanente que ha suspendido derechos fundamentales. A pesar de la implementación de un plan antiextorsión, los resultados han sido decepcionantes, con un aumento en el porcentaje de victimización, que alcanzó el 11.6% en 2024, afectando a más de 300,000 hogares. Además, el número de denuncias ha disminuido un 48.6%, lo que indica una creciente desconfianza de la población en las autoridades.

Las evaluaciones del cumplimiento del plan revelan que de las 30 acciones propuestas, solo cinco se han implementado efectivamente. Esta situación refleja una falta de compromiso y capacidad para abordar la problemática de manera integral. Las recomendaciones incluyen mejorar la ejecución del plan antiextorsión, fomentar la colaboración entre sectores y devolver los derechos a los ciudadanos, sugiriendo que el estado de excepción debe ser revisado para garantizar la seguridad y protección de los hondureños.